Naturaleza de la providencia y tribunal

La providencia es un auto proferido por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, en segunda instancia, para decidir sobre la jurisdicción en un proceso de reparación directa.

Sentido de la decisión

• Declarar la falta de jurisdicción para conocer la controversia sobre la imposición de servidumbre.
• Declarar la nulidad de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar en primera instancia.
• Remitir el expediente al Juzgado Civil del Circuito de Turbaco, jurisdicción ordinaria competente para conocer del asunto.

Razón principal de la decisión

El Consejo de Estado sostiene que la ocupación de un predio privado por una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios para la instalación de infraestructura sin seguir el procedimiento legal para constituir servidumbre (es decir, imposición de servidumbre de hecho) debe ser conocida por la jurisdicción ordinaria civil. La Ley 142 de 1994 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura establecen que la jurisdicción contenciosa administrativa conoce únicamente de servidumbres constituidas legalmente y actos administrativos relacionados, no de ocupaciones de hecho. Además, el fuero de atracción no se configura porque no se acreditó una carga mínima razonable para atribuir responsabilidad directa al Ministerio de Minas y Energía. Por ello, corresponde que la jurisdicción ordinaria decida sobre las pretensiones indemnizatorias derivadas de la ocupación del predio.

Antecedentes fácticos y procesales

• El propietario de un predio en el municipio de Turbaco, Bolívar, presentó demanda contra una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios que instaló un gasoducto en su terreno sin autorización, sin notificación previa, sin la constitución formal de la servidumbre y sin indemnización.
• El Juzgado Promiscuo del Circuito inicialmente admitió la demanda y luego declaró la excepción de falta de jurisdicción, remitiendo el proceso a la jurisdicción contenciosa administrativa para su trámite como reparación directa.
• El Tribunal Administrativo de Bolívar profirió sentencia de primera instancia en 2022, accediendo parcialmente a las pretensiones, que fue apelada por ambas partes.
• El Consejo de Estado admitió los recursos de apelación para decidir sobre la jurisdicción.

Efectos jurídicos

• La declaración de falta de jurisdicción implica la nulidad de la sentencia de primera instancia, pero no afecta la validez de lo actuado y probado antes de dicha sentencia.
• El proceso debe continuar en la jurisdicción ordinaria civil, específicamente en el Juzgado Civil del Circuito de Turbaco, que es competente para conocer de las pretensiones indemnizatorias y reivindicatorias relacionadas con la ocupación de hecho del predio.
• Se mantiene la fecha de presentación inicial de la demanda para efectos legales.

En conclusión, esta decisión del Consejo de Estado reafirma la distinción entre las competencias de la jurisdicción contenciosa administrativa y la ordinaria civil, estableciendo que las controversias derivadas de ocupaciones de hecho requieren ser dirimidas en la jurisdicción civil. Esto garantiza el debido proceso y la correcta aplicación del derecho en casos que involucran servidumbres impuestas sin autorización legal.