Naturaleza de la providencia y contexto procesal

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado profirió un auto en segunda instancia, en el trámite de un recurso de apelación contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Caquetá, que en primera instancia negó las pretensiones de una demanda contra actos administrativos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). La demanda se centró en la nulidad y restablecimiento del derecho frente a la liquidación oficial del impuesto sobre la renta del año gravable 2017 y la resolución que confirmó dicha liquidación.

Sentido de la decisión

• Revocar parcialmente la liquidación oficial y la resolución confirmatoria impugnadas.
• Declarar la nulidad parcial de los actos administrativos demandados en cuanto a los costos reconocidos según la valoración de la Sala.
• Confirmar la sanción por inexactitud impuesta a la contribuyente.
• Ordenar la práctica de una nueva liquidación del impuesto de renta para el periodo gravable 2017 con base en los ajustes determinados.
• No imponer condena en costas en esta instancia, dado que la demanda prosperó parcialmente.

Razón principal de la decisión

La Sala concluyó que las declaraciones de corrección presentadas por la contribuyente en agosto de 2020 no eran válidas para sustituir la declaración inicial de octubre de 2018 porque modificaron elementos sustanciales de la liquidación y se presentaron fuera del término legal establecido por el artículo 589 del Estatuto Tributario. En consecuencia, el proceso de fiscalización fue válido al centrarse en la declaración inicial. Además, la Sala determinó que la contribuyente no acreditó suficientemente la realidad económica de ciertas operaciones, especialmente las realizadas con un proveedor cuestionado (Comercializadora Word Tech SAS), frente a indicios objetivos que ponían en duda la existencia real de dichas operaciones. Por otra parte, en algunos casos específicos se reconocieron costos y gastos cuya acreditación probatoria fue suficiente, mientras que en otros no se cumplió con los requisitos legales para su procedencia. Finalmente, se confirmó la sanción por inexactitud porque la inclusión de costos improcedentes generó un menor impuesto a cargo, y no se configuró una diferencia de criterios objetiva y razonable respecto al derecho aplicable que justificara la exoneración de dicha sanción.

Antecedentes fácticos y procesales relevantes

• La contribuyente presentó inicialmente la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios para el año 2017 en octubre de 2018, con un saldo a favor. Posteriormente presentó dos declaraciones de corrección en agosto de 2020, en las que modificó el saldo a favor incrementándolo.
• La DIAN profirió una liquidación oficial en julio de 2022 modificando la declaración inicial.
• La contribuyente demandó la nulidad de estos actos y el restablecimiento del derecho, alegando la validez de las declaraciones de corrección y la procedencia de costos y gastos declarados, entre otros argumentos.
• El Tribunal Administrativo del Caquetá negó la demanda, confirmando la actuación administrativa.
• Se interpuso recurso de apelación por la demandante para controvertir principalmente la invalidez de las declaraciones de corrección, el rechazo de costos declarados y la sanción por inexactitud.
• El Ministerio Público solicitó revocar parcialmente la sentencia para anular la sanción por inexactitud.

Efectos jurídicos de la decisión

• La nulidad parcial declarada implica que la liquidación oficial y resolución confirmatoria deberán ser ajustadas en lo relativo a los costos reconocidos por la Sala.
• Se ordena practicar una nueva liquidación del impuesto sobre la renta para 2017 conforme a los valores y ajustes detallados en la sentencia.
• La sanción por inexactitud impuesta por la DIAN se mantiene, generando una obligación para la contribuyente.
• La decisión vincula a las partes en el proceso y establece un precedente en cuanto a la validez de declaraciones de corrección, valoración probatoria en operaciones comerciales y aplicación de sanciones tributarias.

Detalle de consideraciones sobre aspectos específicos

• Declaraciones de corrección: El artículo 43 de la Ley 962 de 2005 permite correcciones en cualquier tiempo solo para errores formales que no afecten la base gravable ni el impuesto. En este caso, las correcciones alteraron elementos sustanciales y fueron presentadas fuera de término, por lo que no produjeron efectos jurídicos para sustituir la declaración inicial.
• Operaciones con proveedor cuestionado: La DIAN encontró indicios objetivos que cuestionaban la realidad de las operaciones, tales como suspensión del RUT, falta de presentación de declaraciones por parte del proveedor, ausencia de información exógena, falta de respuesta a requerimientos y discrepancias entre bienes adquiridos y contratos. La contribuyente no acreditó suficientemente la efectividad de las transacciones, por lo que se avaló el rechazo de los costos asociados.
• Costos por construcción de activo fijo: Los desembolsos efectuados para la construcción de un hotel en proceso no constituyen costos del período, sino inversiones que integran el valor del activo en construcción, por lo cual no procedía su reconocimiento como costo fiscal en 2017.
• Costos asociados a la Unión Temporal: Algunos costos fueron reconocidos cuando la contribuyente acreditó la realidad de las operaciones mediante medios probatorios adecuados, aunque otros fueron rechazados por falta de requisitos formales o por estar emitidos a nombre de terceros.
• Rechazo de costos por falta de requisitos formales: La ausencia de fecha o año de expedición en facturas emitidas por ciertos proveedores impidió la procedencia de los costos correspondientes, conforme a lo previsto en el artículo 771-2 del Estatuto Tributario y la jurisprudencia constitucional.
• Sanción por inexactitud: Se confirmó la sanción porque la inclusión de costos improcedentes produjo una menor obligación tributaria. No se configuró una diferencia de criterios objetiva y razonable en el derecho que justificara su exclusión.

La decisión del Consejo de Estado establece un precedente importante para futuros procesos tributarios, enfatizando la rigurosidad en la presentación oportuna y veraz de las declaraciones fiscales, así como la necesidad de acreditar con pruebas contundentes la realidad económica de las operaciones comerciales. De este modo, se busca garantizar la correcta determinación de la base gravable y la aplicación adecuada de sanciones, fortaleciendo la seguridad jurídica y la equidad en el sistema tributario nacional.