Naturaleza de la providencia y tribunal

Se trata de un auto proferido por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, en el trámite de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

Sentido de la decisión

• Declarar fundados los impedimentos manifestados por dos magistrados integrantes de la Sección Cuarta.
• Separar a dichos magistrados del conocimiento y trámite del proceso.
• Ordenar la devolución del expediente al despacho del magistrado ponente para la continuación del trámite.

Razón principal de la decisión

La Sala encontró que los magistrados invocaron causales de impedimento previstas en el artículo 141 del Código General del Proceso, las cuales se refieren a:

• La prestación previa de asesoría sobre el asunto materia del proceso.
• La participación en una instancia anterior del mismo proceso.

Estas causales configuran impedimentos legales que afectan la imparcialidad necesaria para conocer el proceso, motivo por el cual la Sala admitió las solicitudes y ordenó la separación de los magistrados.

Antecedentes fácticos y procesales

• Uno de los magistrados manifestó impedimento por haber prestado anteriormente asesoría jurídica relacionada con la cuestión tributaria central del proceso.
• El otro magistrado indicó impedimento por haber intervenido en una instancia anterior del mismo proceso, habiendo suscrito la sentencia de primera instancia.
• Ante la manifestación de dos impedimentos, la Sala integró la Sección con un conjuez para garantizar el quórum decisorio.

Efectos jurídicos de la decisión

• Los magistrados declarados impedidos quedan separados del conocimiento del proceso actual.
• El expediente será devuelto al despacho del magistrado ponente para continuar con el trámite sin la participación de los magistrados impedidos.
• La decisión garantiza la observancia de los principios de imparcialidad, independencia y debido proceso en la actuación judicial.

Esta providencia reafirma el compromiso del Consejo de Estado con la transparencia y la legalidad en el ejercicio de sus funciones, asegurando que los procesos judiciales se desarrollen con total objetividad y respeto a los derechos de las partes involucradas. De esta manera, se fortalece la confianza en la administración de justicia y se promueve la seguridad jurídica en el ámbito contencioso administrativo.