Naturaleza de la providencia y competencia

El Consejo de Estado conoció y resolvió un recurso de apelación interpuesto contra un auto proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Subsección A de la Sección Primera, en primera instancia. El auto apelado, fechado en abril de 2024, negó el decreto de pruebas testimoniales solicitadas en una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada contra la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).

Sentido de la decisión

• Confirmó el auto de abril de 2024 que negó el decreto de los testimonios solicitados.
• La denegación se fundamentó en que la solicitud no cumplió con los requisitos legales para la práctica de pruebas testimoniales.

Razón principal de la decisión

La Sala señaló que el artículo 212 del Código General del Proceso, aplicable por remisión del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, exige que la solicitud de prueba testimonial incluya el nombre, domicilio, residencia o lugar donde puedan ser citados los testigos, así como la enunciación concreta de los hechos objeto de prueba. En este caso, la parte solicitante omitió aportar el domicilio o lugar para citar a los testigos y no enunció de manera concreta los hechos que se pretendían acreditar, incumpliendo estos requisitos formales. Aunque el artículo 217 impone a la parte interesada la obligación de procurar la comparecencia del testigo a la audiencia, esta carga no releva del cumplimiento previo de los requisitos para el decreto de la prueba. Además, la Sala aclaró que la omisión del domicilio o lugar no genera automáticamente la denegación, pero el juez debe requerir a la parte para que subsane dicha omisión. En el presente caso, no constó que se hubiera hecho ese requerimiento. Por otro lado, la utilidad y pertinencia de algunos testimonios fueron cuestionadas, pues los hechos que pretendían acreditar ya estaban documentados en el expediente, y la evaluación de la legalidad corresponde al juez de fondo, no a través de testimonios que repitan aspectos administrativos ya aportados.

Antecedentes fácticos y procesales relevantes

La demanda fue presentada por una empresa contra la ANLA, impugnando varios numerales de resoluciones relacionadas con la inversión forzosa del 1% en proyectos ambientales. En la demanda se solicitaron múltiples testimonios para acreditar hechos relacionados con la aplicación de la normativa y la ejecución de la inversión forzosa. El Tribunal de primera instancia admitió la demanda pero negó el decreto de las pruebas testimoniales por falta de información sobre el domicilio o lugar para citar a los testigos. Contra este auto, la parte demandante interpuso recursos de reposición y apelación. El Tribunal negó el recurso de reposición y concedió el de apelación, enviando el expediente al Consejo de Estado para segunda instancia.

Efectos jurídicos de la decisión

La decisión confirma la negación del decreto de las pruebas testimoniales solicitadas, por lo cual dichas pruebas no serán practicadas en el proceso. La providencia vincula a las partes y mantiene la carga probatoria conforme a los requisitos legales establecidos para la práctica de pruebas en el proceso contencioso administrativo. Se ordenó, además, que se realicen las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.