Naturaleza de la providencia, tribunal e instancia

La Sala Penal de Decisión de Tutelas del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, Cesar, profirió sentencia de segunda instancia en el proceso de acción de tutela radicado en 2026, impugnando el fallo de primera instancia emitido por el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Valledupar.

Sentido de la decisión

• Se confirma la decisión de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela.
• Se ordena notificar a las partes por correo electrónico.
• Se remite el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Razón principal de la decisión

La Sala concluyó que no se cumplió el requisito de subsidiariedad para proceder con la acción de tutela, ya que los accionantes disponían de medios judiciales ordinarios idóneos y eficaces para impugnar la decisión administrativa de traslado laboral condicionada. El traslado administrativo, reconocido en la Resolución No. 6126 del 15 de octubre de 2025, condicionó su ejecución a la provisión previa de una vacante para garantizar la continuidad del servicio público. El tribunal sostuvo que la acción de tutela no puede utilizarse como un mecanismo alternativo para exigir el cumplimiento de actos administrativos ni para suplir la falta de diligencia en el agotamiento de recursos legales ordinarios.

Antecedentes fácticos y procesales relevantes

El caso se originó por la solicitud de traslado laboral de una funcionaria vinculada en carrera administrativa al ICBF, quien fue reconocida en su derecho mediante una resolución que autorizó su traslado a una nueva sede. Sin embargo, la ejecución del traslado fue suspendida indefinidamente por la entidad, condicionándola a la provisión previa de la vacante en la sede que dejaría la funcionaria. La familia de la funcionaria alegó que esta situación causaba afectaciones progresivas a la salud e integridad de las hijas menores, así como a la unidad familiar. Se presentó inicialmente la acción de tutela para que se ordenara materializar el traslado sin condicionamientos. El Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Valledupar declaró improcedente la tutela por falta de subsidiariedad, señalando que existían mecanismos administrativos y jurisdiccionales adecuados para resolver la controversia, en especial el medio de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contencioso-administrativa. El apoderado judicial de la familia impugnó dicha decisión, alegando un análisis erróneo de la subsidiariedad y la existencia de un perjuicio irremediable ante la prolongada inactividad administrativa.

Efectos jurídicos de la decisión

La confirmación del auto de improcedencia implica que la acción de tutela no ampara la solicitud de traslado inmediato sin cumplir las condiciones establecidas en el acto administrativo vigente. La familia deberá acudir a los mecanismos ordinarios previstos para controvertir la ejecución del traslado. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar mantiene la obligación de actuar conforme a la Resolución No. 6126, respetando las condiciones allí establecidas.

Conclusión

El Tribunal Superior de Valledupar confirmó la improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito de subsidiariedad. La decisión reitera que la tutela es un mecanismo complementario y preferente, reservado para casos donde no existan vías judiciales ordinarias idóneas o cuando se presente un perjuicio irremediable. En este caso, la vía administrativa y jurisdiccional ordinaria se consideró adecuada y eficaz para resolver la controversia sobre el traslado laboral condicionado en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, garantizando así el respeto a los procedimientos legales establecidos y la continuidad del servicio público.