La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) aclara aspectos sobre la metodología tarifaria aplicable al servicio público de aseo en zonas rurales, destacando escenarios normativos y competencias de las entidades involucradas. La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) emitió una respuesta formal a las inquietudes planteadas por el señor Jimer Mauricio Chicaeme Sánchez, relacionadas con los lineamientos operativos y tarifarios para el servicio público de aseo en la zona rural del municipio de Pitalito, Huila. En primer lugar, la CRA precisó que, de acuerdo con el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, los conceptos emitidos por la entidad son de carácter orientativo y no vinculante. Asimismo, indicó que la primera inquietud, relacionada con el esquema operativo del servicio de aseo, no es de su competencia y fue trasladada al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) para que sea atendida conforme a sus facultades legales. Respecto a la segunda inquietud, que aborda el cálculo de tarifas para el servicio público de aseo en zonas rurales, la CRA explicó que las disposiciones tarifarias aplicables dependen de la cantidad de suscriptores y la configuración del área de prestación del servicio. Según la Resolución CRA 943 de 2021, la metodología tarifaria varía dependiendo de si el prestador atiende municipios con más de 5,000 suscriptores en zonas urbanas o si las áreas rurales no están incluidas dentro de un Área de Prestación del Servicio (APS). Escenarios normativos y metodologías tarifarias 1. Municipios con más de 5,000 suscriptores: En este caso, el cálculo tarifario puede basarse en las disposiciones del título 2 de la parte 3 de la Resolución CRA 943 de 2021, siempre que el área rural haya sido incorporada dentro del área urbana definida por el prestador. 2. Municipios con hasta 5,000 suscriptores: Si las áreas rurales corresponden a centros poblados que no están incluidas en un APS del segmento anterior, se aplica el capítulo 4 del título 5 de la misma resolución, que establece un régimen tarifario específico para este tipo de localidades. Implicaciones para el prestador y los usuarios La CRA subrayó que la aplicación de una u otra metodología depende de la elección del prestador del servicio, considerando factores como la conveniencia logística, operativa, económica y financiera. Esto implica que los prestadores deben evaluar cuidadosamente cuál es el modelo más adecuado para garantizar la sostenibilidad del servicio en las áreas rurales. Finalmente, la entidad invitó al solicitante a comunicarse mediante sus canales oficiales para obtener información adicional o asesoría específica sobre el tema tarifario. Este pronunciamiento destaca la complejidad de la regulación tarifaria en zonas rurales y la importancia de coordinar esfuerzos entre las entidades competentes para garantizar la prestación eficiente y sostenible del servicio público de aseo.