La Agencia Nacional de Tierras (ANT) expidió una resolución que establece los criterios y procedimientos para adjudicar predios rurales a mujeres rurales y campesinas, en el marco de su programa especial de acceso a tierras. Esta iniciativa busca corregir desigualdades históricas en la distribución de derechos de propiedad. La Agencia Nacional de Tierras (ANT) ha emitido una resolución que reglamenta el Programa Especial de Adjudicación de Tierras para Mujeres Rurales, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1071 de 2015 y el Decreto Ley 902 de 2017. Este esfuerzo está alineado con las recientes reformas legales y constitucionales que reconocen al campesinado como sujeto de especial protección. ¿Qué establece la resolución? La resolución busca definir los aspectos operativos del programa, incluyendo criterios de selección, modalidades de adjudicación y obligaciones derivadas del proceso. Entre los puntos más destacados se encuentran: - Predios adjudicables: Los terrenos destinados a actividades agropecuarias serán seleccionados del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral. Estos predios podrán provenir de compras, donaciones o transferencias gratuitas de entidades públicas. - Beneficiarias: Está dirigido a mujeres rurales y campesinas que cumplan con los requisitos establecidos en el Decreto Ley 902 de 2017, permitiendo postulaciones individuales, asociativas o en común y proindiviso. - Modalidades de adjudicación: Las adjudicaciones podrán ser individuales, colectivas o asociativas, considerando factores como la economía del cuidado y la integración de mujeres en actividades productivas. - Criterios de priorización: La selección de beneficiarias se realizará bajo un sistema de puntajes que evalúa aspectos como experiencia agropecuaria, pertenencia a organizaciones asociativas, condición de víctima del conflicto armado, y vulnerabilidad económica y social. ¿Por qué es importante esta iniciativa? La resolución busca corregir la inequitativa distribución de derechos de propiedad que históricamente ha afectado a las mujeres rurales. Según la Sentencia SU-426 de 2016 de la Corte Constitucional, estas mujeres enfrentan una discriminación estructural que el Estado tiene el deber de mitigar mediante acciones afirmativas. Obligaciones y seguimiento Las adjudicatarias estarán sometidas a un régimen de obligaciones por un periodo de siete años, durante el cual deberán garantizar el uso adecuado de los predios según los lineamientos establecidos. Además, la ANT recogerá y sistematizará información desagregada sobre las beneficiarias, incluyendo criterios como identidad de género, pertenencia étnica y ciclo de vida. ¿Qué sigue? La resolución entrará en vigencia una vez sea publicada oficialmente y promete ser un paso significativo hacia la equidad de género en el acceso a tierras. Las postulaciones serán evaluadas y priorizadas según los criterios establecidos, garantizando transparencia y objetividad en el proceso. Con esta medida, la Agencia Nacional de Tierras reafirma su compromiso de promover el ordenamiento social de la propiedad rural, reconociendo el papel crucial de las mujeres en el desarrollo de las comunidades campesinas.