El pasado 28 de febrero de 2025, la Comisión Primera Constitucional de la Cámara de Representantes realizó una audiencia pública en la ciudad de Medellín para avanzar en la discusión sobre el Proyecto de Ley número 139 de 2024. Este proyecto, que pretende modificar la Ley 1801 de 2016, busca prohibir la comercialización, distribución, uso y porte de símbolos, indumentaria e imágenes de personas condenadas por delitos graves, con el objetivo de contrarrestar la cultura mafiosa y la apología al delito. Aspectos centrales del proyecto El Proyecto de Ley propone restringir la creación, venta y promoción de productos que exaltan figuras relacionadas con delitos de narcotráfico, terrorismo, corrupción y crímenes de lesa humanidad. Entre los ejemplos mencionados en la audiencia se encuentran camisetas, merchandising y materiales audiovisuales que glorifican a personajes como Pablo Escobar, el cual ha sido asociado históricamente con el narcotráfico y la violencia en Colombia. El Representante Juan Sebastián Gómez Gonzales, principal impulsor del proyecto, recalcó la importancia de abrir este debate para dignificar la memoria de las víctimas y fomentar una reflexión cultural en torno a los símbolos que perpetúan el legado de figuras delictivas. Además, mencionó que esta propuesta se inspira en medidas adoptadas por países como Alemania, Italia y Chile, donde se han prohibido expresiones que exaltan el nazismo, el fascismo y las dictaduras. Participación y puntos de vista La audiencia pública contó con intervenciones de autoridades, expertos, estudiantes, activistas y representantes de diversas entidades, quienes dieron aportes desde diferentes perspectivas. - Superintendencia de Industria y Comercio: Señaló que la normativa supranacional de la Comunidad Andina ya contempla disposiciones para negar el registro de marcas contrarias al orden público y las buenas costumbres. Sin embargo, recomendó ajustar el artículo 3° del proyecto para evitar contradicciones con la Decisión 486 de la Comunidad Andina. - Cámara de Comercio de Medellín: Propuso que el control de actividades económicas relacionadas con la apología al delito no se limite al nombre comercial, sino que se extienda a todos los elementos de la matrícula mercantil, incluyendo la actividad económica reportada por los comerciantes. - Policía Nacional: Sugirió modificar los verbos rectores del proyecto (comercializar, distribuir, uso y porte) para incluir términos como "almacenar" y "facilitar". Además, recomendó aplicar comparendos pedagógicos y económicos en lugar de sanciones que afecten la dignidad de las personas. - Activistas y estudiantes: Denunciaron el impacto cultural de la apología al delito en las nuevas generaciones, quienes ven en figuras del narcotráfico un modelo aspiracional. Resaltaron la importancia de desmantelar esta cultura desde la educación y las políticas públicas. Implicaciones y desafíos Este proyecto enfrenta retos técnicos y sociales. Por un lado, los ajustes normativos deben garantizar su compatibilidad con legislaciones supranacionales y su eficacia en el control de actividades económicas. Por otro lado, existe un desafío en la implementación y supervisión de las medidas, especialmente en el ámbito digital y del comercio informal. Asimismo, la discusión sobre este proyecto ha generado reflexiones