Un marco actualizado para garantizar el debido proceso

La nueva resolución del DANE busca consolidar las disposiciones relacionadas con el procedimiento administrativo sancionatorio contemplado en el artículo 57 de la Ley 2335 de 2023. Este artículo autoriza al DANE a imponer sanciones económicas entre 830 UVT y 5,500 UVT a personas naturales o jurídicas que obstaculicen actividades estadísticas como censos y encuestas. El acto administrativo asegura el cumplimiento del debido proceso, garantizando los derechos de contradicción y defensa consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política, así como los principios de transparencia, celeridad y eficacia establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

Competencias y procedimiento sancionatorio

La resolución define los roles de los funcionarios en las etapas del procedimiento sancionatorio: - Primera instancia: A cargo de los directores territoriales del DANE. - Segunda instancia: Ejercida por la Directora General del DANE. Además, la Oficina Asesora Jurídica se encargará de proyectar los actos administrativos necesarios en cada etapa del proceso. Las etapas principales incluyen actuaciones preliminares, pruebas y alegatos, y la decisión definitiva. También se contempla la posibilidad de una terminación anticipada de la investigación si el investigado entrega la información requerida de manera oportuna.

Adopción del Manual de Procedimientos

Uno de los puntos más relevantes de la resolución es la adopción del Manual de Procedimiento Administrativo Sancionatorio, que busca unificar criterios en la aplicación del proceso sancionatorio. Este manual será de obligatorio cumplimiento para todas las partes involucradas y podrá ser actualizado en cualquier momento, asegurando su versión más reciente en la página web del DANE. El manual establece definiciones clave como "sanción pecuniaria"...