La Cámara de Representantes analiza el Proyecto de Ley número 564 de 2025, cuyo objetivo es regular la ejecución de proyectos financiados por el Sistema General de Regalías (SGR). La iniciativa busca determinar la naturaleza jurídica de las entidades ejecutoras, limitándolas a aquellas de carácter público con participación estatal mayoritaria, conforme al artículo 2° de la Ley 80 de 1993.

¿Qué propone el proyecto?

El proyecto establece que los ejecutores de los recursos del SGR deberán ser entidades públicas, siguiendo estrictamente los lineamientos del Estatuto General de Contratación Pública y el régimen presupuestal del sistema. Esto implica que las entidades ejecutoras no podrán operar bajo regímenes excepcionales de contratación ni aplicar normas privadas que puedan eludir los principios de transparencia y economía. Además, se propone que los contratos y procesos de selección en curso, al momento de entrada en vigencia de la ley, continúen regidos por las disposiciones legales vigentes en el momento de su celebración, garantizando una transición ordenada hacia el nuevo marco normativo.

¿Por qué es importante esta regulación?

En los últimos años, se han identificado irregularidades en la ejecución de proyectos financiados por el SGR, muchas de ellas vinculadas a esquemas como los fondos mixtos, que han operado bajo normas de derecho privado en lugar de las reglas de contratación pública exigidas. Estas irregularidades incluyen proyectos inconclusos, contratos suspendidos y asignación de recursos sin transparencia, afectando la correcta gestión de los recursos. El Departamento Nacional de Planeación ha reportado que el 32% de los proyectos del SGR han sido ejecutados por esquemas asociativos mixtos, lo que ha generado preocupaciones sobre el impacto...