Antecedentes del caso

El Departamento de Caldas presentó una demanda solicitando la invalidez del Decreto 038 del 10 de abril de 2024, por considerar que el alcalde de Aranzazu se extralimitó en sus funciones al incorporar modificaciones al presupuesto de gastos y servicio de la deuda. Según la gobernación, estas modificaciones vulneraron el principio de legalidad, ya que no fueron aprobadas previamente por el Concejo Municipal, como lo exige la Constitución y la Ley Orgánica del Presupuesto. Por su parte, el municipio de Aranzazu argumentó que dichas modificaciones eran habituales en la administración territorial y que no implicaban una alteración sustancial del presupuesto aprobado.

Consideraciones del Tribunal

El Tribunal Administrativo de Caldas analizó la normativa aplicable, incluyendo los artículos 313, 345 y 347 de la Constitución Política, y concluyó que las modificaciones presupuestarias realizadas mediante el Decreto 038 excedían las competencias del alcalde. Según la jurisprudencia constitucional y el Estatuto Orgánico del Presupuesto, cualquier modificación o adición al presupuesto municipal debe ser aprobada por el Concejo Municipal, salvo excepciones específicas que no aplicaban en este caso. Además, el Tribunal desestimó las excepciones planteadas por el municipio, incluida la alegación de caducidad de la acción, al confirmar que la demanda fue radicada dentro del plazo establecido.

Impacto jurídico y decisión

La Sala Tercera del Tribunal declaró inválido el Decreto 038 al considerar que vulneró los principios de legalidad presupuestal y separación de competencias. Según el fallo, el alcalde no tenía facultad para modificar el presupuesto directamente sin la participación del Concejo Municipal, incluso cuando se tratara de ajustes por traslados de rubros. Este pronunciamiento refuerza un importante precedente en...