Un marco regulatorio para proteger a las personas mayores víctimas

En respuesta a las necesidades generadas por el Estado de Conmoción Interior declarado en la región del Catatumbo, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social ha expedido una resolución que establece los criterios para la entrega de ayudas humanitarias monetarias a personas mayores víctimas de desplazamiento forzado o confinamiento. Este esfuerzo busca garantizar un acceso equitativo y transparente a los recursos públicos destinados a este grupo vulnerable. El documento, que da cumplimiento al Decreto Legislativo 0323 de 2025, define criterios claros para la focalización, identificación, priorización y asignación de los beneficiarios, con el objetivo de asegurar que los recursos lleguen a quienes más los necesitan. Además, establece un esquema de dispersión de las ayudas monetarias que se realizará mensualmente durante la vigencia fiscal de 2025.

Objetivo y alcance del proyecto

El propósito central de la resolución es garantizar que las personas mayores afectadas por las crisis humanitarias relacionadas con el Estado de Conmoción Interior puedan acceder a recursos que les permitan cubrir necesidades básicas, como vestimenta, transporte, conectividad y otros bienes esenciales para su sostenimiento digno. Se calcula que hasta diez pagos mensuales podrán ser entregados a cada beneficiario durante el año, dependiendo de su ingreso al programa. El impacto esperado del proyecto incluye una mejora en las condiciones de vida de las personas mayores afectadas, un fortalecimiento de los principios de justicia social y una contribución significativa a la protección de los derechos fundamentales de estos ciudadanos.

Disposiciones clave y mecanismos innovadores

La resolución introduce medidas específicas para garantizar la transparencia y trazabilidad en la...