Antecedentes del caso

Una entidad financiera pública del orden nacional presentó una demanda ejecutiva para reclamar el pago de una obligación incorporada en un pagaré. Inicialmente, el juzgado municipal donde se radicó la demanda declaró su falta de competencia y remitió el caso a un juzgado de la capital, fundamentándose en que la entidad demandante tiene domicilio principal en esa ciudad, según lo establecido en el artículo 28, numeral 10 del Código General del Proceso y precedentes jurisprudenciales. El juzgado receptor declinó el conocimiento del asunto y planteó un conflicto negativo de competencia, argumentando que en el municipio donde se presentó la demanda existe una agencia de la entidad financiera, vinculada directamente con el crédito en cuestión, ya que allí se suscribió y debe cumplirse la obligación.

Criterios jurídicos sobre competencia territorial

La Corte Suprema recordó que, conforme al Código General del Proceso, la competencia territorial generalmente corresponde al juez del domicilio del demandado o del lugar de cumplimiento de la obligación. Sin embargo, en procesos en los que es parte una entidad pública, se asigna competencia privativa al juez del domicilio de dicha entidad. En este escenario, la entidad pública puede tener varios domicilios o sedes, incluyendo agencias o sucursales relacionadas con el objeto litigioso. Por tanto, es posible que el actor elija iniciar el proceso en cualquiera de estas sedes, siempre que guarde relación con el asunto en disputa. Este criterio busca armonizar los numerales 5 y 10 del artículo 28 del Código General del Proceso y ha sido respaldado en decisiones previas de la Sala.

Aplicación al caso concreto

En el caso analizado, la...