La Corte Suprema de Justicia calificó y decidió inadmitir el recurso de casación interpuesto contra la sentencia que confirmó la condena por el delito de omisión de agente retenedor, cometido en calidad de representante legal de una empresa. La condena incluía una pena de prisión de 48 meses, multa significativa e inhabilitación para ejercer funciones públicas, con suspensión condicional de la pena. El recurso alegaba que la acción penal estaba prescrita, argumentando que el término para la prescripción había sido superado antes de la emisión del fallo de segunda instancia. Sin embargo, la Sala encontró que la demanda carecía de fundamentación adecuada y no cumplía con las exigencias para invocar la causal de nulidad por prescripción, según lo previsto en la Ley 906 de 2004. En particular, se destacó que para calcular la prescripción en el delito de omisión de agente retenedor es necesario incrementar el término por tratarse de un agente calificado como servidor público, conforme al artículo 83 del Código Penal. Este incremento no fue tenido en cuenta por el recurrente, lo que invalidó su argumento. Además, la Corte recordó que la presentación del recurso de casación suspende el término de prescripción de la acción penal por cinco años, período durante el cual la potestad punitiva del Estado se mantiene vigente. En conclusión, la demanda de casación fue inadmitida por no cumplir con los requisitos mínimos formales y sustanciales para su estudio de fondo. Se informó que contra esta decisión procede el mecanismo de insistencia previsto en la ley.

Implicaciones prácticas

Este fallo reafirma la rigurosidad en la admisión de recursos de casación y...