Contexto y fundamentos de la decisión

El caso se originó con una acción de tutela promovida contra un juzgado civil, en la que se cuestionó la nulidad contractual de un fideicomiso civil constituido sobre un inmueble, en el que el menor es beneficiario. Durante el trámite, se omitió vincular formalmente al menor, a la Defensoría de Familia y al Agente del Ministerio Público Delegado para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, lo cual afectó sus garantías procesales. La Corte recordó que el artículo 16 del Decreto 2591 de 1991 y el artículo 5º del De ...