La Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, anuló el proceso de tutela interpuesto contra la Procuraduría General de la Nación, tras identificar que el tribunal que conoció el asunto en primera instancia carecía de competencia para ello. El caso giraba en torno a la protección del derecho fundamental de petición, buscando una respuesta clara y de fondo a una solicitud presentada meses antes. Sin embargo, la Procuraduría Regional correspondiente no había sido vinculada al proceso, a pesar de haber sido la entidad encargada de responder la petición inicialmente. Se recordó que, aunque la tutela es un mecanismo preferente y sumario, debe respetar las reglas del debido proceso, entre ellas la competencia del juez para conocer el asunto. Además, se destacó la existencia de un trámite constitucional previo por hechos similares, que fue resuelto en otra jurisdicción. En consecuencia, la Corte ordenó devolver el expediente al tribunal superior para que admita nuevamente la tutela, vincule a la Procuraduría Regional y decrete las pruebas que considere necesarias, especialmente para evaluar la eventual temeridad del actor, dado el trámite constitucional previo. Este fallo reafirma la importancia de respetar la competencia judicial y la adecuada integración de la causa pasiva en los procesos de tutela, garantizando así el derecho al debido proceso y la correcta protección de los derechos fundamentales. En resumen, la nulidad dispuesta implica que el proceso debe reiniciarse con la participación obligatoria de la Procuraduría Regional, lo que podría afectar los tiempos y resultados del trámite constitucional. El tribunal superior tendrá ahora la responsabilidad de garantizar un...