Antecedentes del caso

La solicitud de aclaración surgió a raíz de una sentencia previa de la Corte Suprema que ordenó al juzgado de primera instancia proceder con la solicitud de cumplimiento de un fallo de tutela, fundamentado en los artículos 23 y 27 del Decreto 2591 de 1991. La orden indicaba que el juzgado debía iniciar el trámite correspondiente sin que ello implicara pronunciarse sobre el fondo del asunto. El sindicato promovente expresó confusión respecto a la interpretación de esta orden, señalando que el juzgado y algunos funcionarios habrían interpretado la norma de manera incorrecta y limitado el alcance del fallo.

Consideraciones jurídicas

La Corte recordó que, conforme al artículo 4º del Decreto 306 de 1992, las disposiciones del Código General del Proceso aplican a la acción de tutela en cuanto no contradigan su naturaleza especial y expedita. En particular, el artículo 285 del código establece que una sentencia puede ser aclarada cuando contenga conceptos que generen verdadera duda, siempre que estén en la parte resolutiva. Tras analizar la solicitud, la Sala concluyó que en la parte resolutiva de la sentencia no existen términos que generen duda razonable. La orden dada al juzgado fue clara en cuanto a tramitar la solicitud de cumplimiento sin definir el fondo, por lo que la petición de aclaración pretendía en realidad modificar la sentencia y reabrir un debate ya cerrado.

Decisión y consecuencias

Por tanto, la Corte Suprema de Justicia negó la solicitud de aclaración. Además, ordenó informar a las partes e intervinientes y, en caso de no haberse hecho, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Esta...