La Corte Suprema de Justicia, en una decisión adoptada el 26 de marzo de 2025, resolvió declarar la nulidad de todo lo actuado por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en una acción de tutela interpuesta por una sociedad promotora contra un Tribunal de Arbitramento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Esta acción buscaba la protección de derechos fundamentales como el debido proceso y el acceso a la administración de justicia, tras la emisión de un laudo arbitral que declaró incumplimientos parciales en contratos de prestación de servicios tecnológicos.

Antecedentes del caso

La sociedad promotora presentó demanda arbitral contra una empresa y una aseguradora, señalando incumplimientos contractuales. El Tribunal de Arbitramento emitió un laudo en junio de 2024, en el que declaró que la empresa incumplió parcialmente varios contratos, pero negó condenas por perjuicios debido a la valoración probatoria realizada. La sociedad interpuso recurso de anulación y, simultáneamente, accionó tutela para impugnar la decisión arbitral, la cual fue declarada improcedente por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá.

Falta de competencia y nulidad del trámite

La Corte Suprema recordó que, conforme a la normativa vigente, la competencia para conocer en primera instancia las acciones de tutela contra jueces o tribunales corresponde al superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada. En este caso, la Sala Civil del Tribunal Superior carecía de competencia funcional para conocer la tutela contra el Tribunal de Arbitramento, y por ello, sus actuaciones fueron declaradas nulas. Además, se señaló que la presentación de la acción de tutela fue prematura, dado que el recurso de anulación contra el laudo arbitral aún estaba pendiente de resolución, y que la vía adecuada para impugnar decisiones arbitrales es el trámite de anulación previsto en la ley.

Implicaciones y próximos pasos

Con la declaración de nulidad, se ordenó la remisión del expediente a la Secretaría de la Sala de Casación Civil para que realice la radicación y reparto conforme a la competencia. La decisión protege la correcta aplicación del principio de competencia funcional y asegura el respeto al debido proceso en la tramitación de acciones constitucionales. Este pronunciamiento reafirma la importancia de respetar los canales procesales adecuados para la impugnación de laudos arbitrales y limita la admisibilidad de acciones constitucionales que se presenten de manera prematura o ante autoridades incompetentes. Desde la fecha de la sentencia, se espera que las partes continúen su defensa mediante los recursos ordinarios previstos en la ley, evitando interponer acciones tutelares que puedan generar nulidad procesal. En resumen, la Corte Suprema establece un precedente claro sobre la competencia para conocer acciones de tutela contra autoridades judiciales y reafirma la primacía del debido proceso en materia arbitral, consolidando así la seguridad jurídica y el respeto a los procedimientos establecidos para la resolución de controversias contractuales.