La Corte Suprema de Justicia resolvió una impugnación sobre un fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de una ciudad del norte del país, en un caso que involucra la tutela interpuesta por una sociedad comercial contra dos juzgados civiles municipales y de circuito. El conflicto se originó a raíz de la actuación del juzgado municipal que declaró fracasado un trámite de negociación de deudas, debido al vencimiento del plazo, sin considerar que dicho trámite estaba suspendido por objeciones presentadas por los acreedores. Esta decisión motivó varias acciones de tutela que buscaron que se resolviera la objeción planteada respetando el debido proceso. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior negó el amparo, argumentando que el juzgado municipal había acogido el mandato constitucional al incluir la suspensión de términos decretada por el Gobierno Nacional durante la pandemia. Sin embargo, la parte accionante impugnó esta decisión, reiterando sus críticas sobre la interpretación del proceso. La Corte Suprema advirtió que la Sala Civil Familia carecía de competencia para conocer la tutela en primera instancia, dado que la queja también implicaba las decisiones de esa misma Sala en otros fallos de tutela relacionados. Por lo tanto, ordenó declarar la nulidad de lo actuado desde el auto admisorio dictado por esa Sala y dispuso que el proceso sea remitido y conocido en primera instancia por la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, conforme a la normativa vigente que regula la competencia en acciones de tutela contra jueces y tribunales. Esta decisión reafirma la importancia de respetar la competencia jurisdiccional y garantiza el...