Antecedentes del caso

Una servidora judicial provisional en el cargo de escribiente del juzgado primero promiscuo de familia de oralidad de Ocaña reclamó la tutela de sus derechos fundamentales, entre ellos la estabilidad laboral reforzada por fuero de maternidad, derechos del niño por nacer, igualdad, seguridad social y debido proceso. La reclamante informó su estado de embarazo a su superior y al área de bienestar social, pero posteriormente fue desplazada del cargo mediante la designación de otra funcionaria que solicitó licencia no remunerada. Luego, al renunciar esta última a la licencia, la accionante solicitó su reincorporación, la cual fue negada argumentando la existencia de un nombramiento formal tras concurso público. Además, la servidora denunció irregularidades en la liquidación de su nómina, retiro del sistema de salud y falta de pago de prestaciones sociales proporcionales. Presentó derechos de petición sin obtener respuesta satisfactoria, y solicitó que se ordenara su reintegro al cargo o a uno de mejor categoría, así como la afiliación retroactiva al sistema de seguridad social y el pago de prestaciones omitidas.

Decisión de la corte sobre la competencia

El tribunal superior de Cúcuta concedió inicialmente la tutela, pero la Corte Suprema determinó que la acción fue conocida por un órgano incompetente. Según el análisis jurídico, la competencia para conocer tutelas interpuestas por funcionarios judiciales de jurisdicción ordinaria corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En este caso, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander es el competente en primera instancia. Adicionalmente, las acciones de tutela contra la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial deben ser conocidas por los jueces del circuito, conforme...