Antecedentes del caso

Se presentó una acción de tutela en defensa de derechos fundamentales, incluyendo el debido proceso, acceso a la administración de justicia, defensa, vivienda y trabajo, en el marco de un proceso ejecutivo hipotecario. La demanda ejecutiva fue promovida contra un deudor que constituyó una hipoteca abierta sobre un inmueble como garantía real. Durante el proceso, se aportó un avalúo del predio que fue rechazado por extemporáneo. Posteriormente, se cedieron los derechos litigiosos a un tercero, quien interpuso recursos contra la fijación del valor para el remate, los cuales fueron rechazados por extemporáneos. El remate del inmueble se llevó a cabo conforme a lo previsto en el Código General del Proceso (CGP), y la diligencia fue aprobada por el juzgado correspondiente. Los recursos presentados contra esta aprobación fueron denegados por las instancias judiciales superiores, incluyendo la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial, que confirmó la decisión de negar el incidente de nulidad.

Consideraciones jurídicas

La Corte Suprema identificó que la acción de tutela debía ser conocida en primera instancia por la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la propia Corte, debido a que el reclamo cuestionaba decisiones proferidas por el Tribunal Superior, lo que generaba un conflicto de competencia funcional. En consecuencia, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior carecía de competencia para fallar la tutela en primera instancia. Se recordó que, según el artículo 16 del Código General del Proceso, la competencia por razones funcionales es improrrogable, y que la falta de competencia determina la nulidad insubsanable de las decisiones adoptadas. Además, se aplicó el artículo 138 del mismo...