Antecedentes del caso

Un funcionario judicial ordinario fue objeto de un proceso ejecutivo de alimentos promovido ante un juzgado de familia, derivado de una conciliación celebrada años atrás en una comisaría de familia. Se dictó un mandamiento de pago y se decretó el embargo de un porcentaje del salario del ejecutado. El funcionario impugnó la ejecución alegando la nulidad del acta de conciliación por contener referencias a normas derogadas y por violación al debido proceso, solicitando la exclusión de dicha acta como medio probatorio. La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior negó la tutela, argumentando que el actor disponía de otras vías legales para cuestionar la validez del acta. Contra esta decisión se interpuso recurso de impugnación.

Competencia y nulidad procesal

La Corte Suprema de Justicia analizó la competencia para conocer la acción de tutela interpuesta por un funcionario judicial perteneciente a la jurisdicción ordinaria. De conformidad con el Decreto 333 de 2021 y precedentes jurisprudenciales de la misma Sala, se estableció que en estos casos la competencia corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa, específicamente al Tribunal Administrativo de Boyacá. Dado que la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja no era competente para conocer la tutela, su actuación fue declarada nula conforme al artículo 16 del Código General del Proceso, norma aplicable a la acción de tutela por remisión normativa. Esta nulidad es insubsanable, pues la competencia funcional es improrrogable.

Implicaciones y decisión final

Esta decisión implica que cualquier acción de tutela presentada por funcionarios judiciales ordinarios debe ser tramitada por la jurisdicción contencioso-administrativa, evitando así vulneraciones al debido proceso por competencia incorrecta. Se declaró la...