La Corte Suprema de Justicia, mediante la Sala de Casación Laboral, resolvió una solicitud de nulidad presentada en el trámite de una acción de tutela promovida contra decisiones judiciales relacionadas con un proceso ordinario laboral. El caso gira en torno a la calificación de invalidez y el reconocimiento de la pensión de invalidez con base en un dictamen de una Junta Regional de Calificación de Invalidez.

Antecedentes del caso

El accionante interpuso acción de tutela para proteger derechos fundamentales como el debido proceso, la dignidad humana y la seguridad social, argumentando que la autoridad judicial vulneró sus derechos al ordenar una prueba pericial adicional que consideró improcedente. El proceso laboral inicial buscaba el reconocimiento de la pensión de invalidez con fundamento en un dictamen que calificó la pérdida de capacidad laboral en un porcentaje superior al evaluado posteriormente por otra junta. La autoridad judicial de primera instancia admitió la demanda, integró a terceros al proceso y inicialmente negó la práctica de una segunda valoración pericial. Sin embargo, la Sala Civil–Familia–Laboral del Tribunal Superior revocó parcialmente esta decisión para permitir dicha prueba. El accionante alegó que esta actuación judicial infringió las reglas del debido proceso y la confianza legítima, por lo que solicitó la nulidad de la providencia que autorizó la nueva prueba.

Consideraciones jurídicas

La Corte recordó que el derecho fundamental al debido proceso implica que todas las actuaciones judiciales deben sujetarse a normas sustanciales y procesales que aseguren la protección de los derechos de las partes y la integridad del procedimiento. En este sentido, la nulidad procesal debe ajustarse estrictamente a las causales previstas...