Antecedentes del caso

La acción de tutela fue promovida contra un juzgado de ejecución de penas de Bogotá, luego de que una solicitante de libertad condicional presentara su petición sin recibir respuesta. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ordenó al juzgado dar respuesta de fondo, sosteniendo que se vulneraban los derechos fundamentales de petición y debido proceso por la falta de respuesta y la actitud evasiva del despacho judicial.

Impugnación y alegatos del juzgado de ejecución

El juzgado de ejecución impugnó la decisión, argumentando que no se le habían entregado todas las piezas procesales necesarias para resolver la solicitud de libertad condicional, en especial el acta de compromiso suscrita por la solicitante. Afirmó que, pese a múltiples solicitudes, no había recibido dicho documento de parte del juzgado de conocimiento ni del centro administrativo correspondiente, y que la decisión debía dirigirse a estas instancias.

Consideraciones y decisión de la Corte Suprema

La Corte Suprema recordó la importancia del debido proceso y la obligación de notificar y vincular a todas las partes interesadas en un proceso judicial, incluso en acciones de tutela. Se concluyó que existió una irregularidad procesal por no haberse integrado adecuadamente el contradictorio al omitir la vinculación del centro de servicios administrativos encargado de la ficha técnica del expediente. Dado que esta omisión afecta el derecho al debido proceso, la Sala decidió declarar la nulidad de lo actuado desde el fallo de tutela, sin afectar la validez de las pruebas aportadas. Se ordenó devolver las actuaciones al tribunal de origen para que se integre debidamente el contradictorio con todas las partes y entidades...