Contexto y antecedentes del caso

El caso se origina a partir de la muerte violenta de un ciudadano en 2018, cuyo cuerpo fue inhumado en un cementerio del Valle del Cauca. La Fiscalía Seccional encargada archivó la investigación penal por imposibilidad de identificar al presunto responsable. Años después, familiares solicitaron la exhumación y cremación de los restos, petición que fue negada por la autoridad judicial bajo el argumento de preservar el cuerpo para posibles futuras investigaciones. Ante esta negativa, uno de los familiares interpuso una acción de tutela, alegando vulneración de los derechos fundamentales a la dignidad humana y la libertad religiosa, en particular el derecho a realizar los ritos funerarios conforme a sus creencias. La Sala Penal del Tribunal Superior negó el amparo solicitado, señalando que la familia podía acudir ante las autoridades para cubrir los costos de mantenimiento y que no se acreditó la vulneración de derechos.

Decisión de la Corte Suprema

La Corte Suprema analizó la impugnación y determinó que la Sala Penal del Tribunal Superior no integró adecuadamente el contradictorio, omitiendo vincular a sujetos indispensables como los otros familiares directos, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la empresa administradora del cementerio, y las autoridades de salud municipales y nacionales. Esta omisión vulneró el derecho al debido proceso y al derecho de defensa, fundamentales en el trámite de tutela. Por tanto, la Sala ordenó dejar sin efectos lo actuado desde el fallo impugnado y devolver las diligencias para que la Sala Penal del Tribunal Superior integre debidamente el contradictorio, garantizando la participación de todas las partes interesadas y permitiendo...