La acción de tutela fue interpuesta contra la improcedencia declarada por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que negó el amparo de derechos fundamentales como el debido proceso, la honra y el buen nombre, en un caso relacionado con la presunta suplantación del condenado en un proceso penal por hurto calificado. El accionante fue capturado para cumplir una sentencia condenatoria, pero alegó no ser la persona que cometió el delito, señalando diferencias físicas evidentes y discrepancias en los peritajes lofoscópicos y registros oficiales. Además, una investigación privada identificó a un tercero como el verdadero responsable, quien habría suministrado datos falsos en el momento de su captura. La Sala Penal del Tribunal Superior declaró la improcedencia de la tutela por no haberse agotado las vías ordinarias, como las gestiones para establecer la identidad y la acción de revisión de la condena. Posteriormente, la parte accionante presentó recurso de impugnación que fue concedido, pero luego desistió formalmente de esta impugnación. En sus consideraciones, la Corte Suprema recordó que el desistimiento de la acción de tutela y sus recursos es un derecho del accionante, regulado en el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991, el artículo 316 del Código General del Proceso y el artículo 179F de la Ley 906 de 2004, siempre que se realice antes de un pronunciamiento definitivo. Por lo tanto, la Corte Suprema aceptó el desistimiento, sin encontrar vicios en la manifestación de voluntad, y dispuso enviar el expediente a la Corte Constitucional para que estudie la posible revisión de la sentencia de primera instancia. Este caso ilustra la...