La decisión judicial se relaciona con un caso en el que un condenado por hurto calificado agravado solicitó la libertad condicional, la cual fue negada por el juzgado de ejecución de penas correspondiente. Tras la ratificación de esta negativa por parte de un juzgado promiscuo municipal, el condenado interpuso una acción de tutela alegando la vulneración de su derecho fundamental al debido proceso.

El fallo que amparó el derecho al debido proceso

La Sala Penal del tribunal superior del distrito judicial examinó la acción de tutela y encontró que las providencias que negaron la libertad condicional contenían un defecto fáctico. Identificó que las decisiones se basaron en antecedentes penales del accionante que, en realidad, precedían al delito por el que fue condenado, y no existía prueba de que hubiera reincidido tras recuperar la libertad. Además, los certificados de buena conducta expedidos por el director del establecimiento penitenciario contradecían las afirmaciones de falta de resocialización. En consecuencia, el tribunal amparó el derecho fundamental al debido proceso y ordenó al juzgado de ejecución de penas emitir una nueva decisión sobre la solicitud de libertad condicional, valorando adecuadamente las pruebas en un plazo de 48 horas.

Desistimiento de la impugnación y consecuencias

El juzgado de ejecución de penas presentó impugnación contra este fallo, pero posteriormente desistió de la misma mediante comunicación formal. La Corte Suprema de Justicia aceptó este desistimiento, conforme a lo previsto en el decreto 2591 de 1991 y el código general del proceso, lo que deja en firme el fallo que amparó el derecho fundamental. Finalmente, la Corte Suprema remitió el expediente a la Corte Constitucional...