Antecedentes y contexto del caso

En un proceso de divorcio, la parte demandante solicitó el decreto de testimonios de dos personas para que informaran como testigos presenciales sobre hechos relacionados con la demanda, fundamentada en violencia psicológica. El juzgado de familia admitió la demanda y decretó las pruebas solicitadas, aunque la solicitud no cumplía estrictamente con el requisito del artículo 212 del Código General del Proceso, que exige la enunciación concreta de los hechos objeto del testimonio. El demandado impugnó la decisión mediante recursos de reposición y apelación, los cuales fueron desestimados por el juzgado. Posteriormente, se presentó una acción de tutela contra el juzgado por presuntas vulneraciones a derechos como el debido proceso, defensa técnica, seguridad jurídica y acceso a la administración de justicia.

Decisión de la Corte Suprema y su fundamentación

La Corte Suprema negó el amparo solicitado, confirmando la providencia del juzgado de familia. La Sala consideró que, aunque la solicitud de testimonios no cumplía rigurosamente con la formalidad exigida en el artículo 212 del Código General del Proceso, era procedente decretar la prueba debido a la naturaleza del caso y al enfoque de género aplicado. Se destacó que la demandante alegaba ser víctima de maltrato por parte de su cónyuge, lo cual justifica flexibilizar la exigencia normativa para garantizar el acceso a la justicia y permitir un análisis adecuado de las pruebas desde una perspectiva de género. La Sala resaltó que la acción constitucional no está destinada a revisar la valoración de pruebas realizada por el juez natural ni a suplir su función, sino a verificar si la decisión fue arbitraria o...