Antecedentes del caso

El proceso se originó a partir de una acción de tutela presentada contra un juzgado civil, secretarías de tránsito y hacienda del Magdalena, una oficina de control interno, una empresa de servicios de correspondencia y una compañía de señalización vial. El accionante solicitó la eliminación de comparendos y multas registradas en el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit), argumentando que no se cumplió con el debido proceso, en particular con la notificación adecuada, y que algunas multas habían prescrito conforme a precedentes del Consejo de Estado. Además, reclamó la presentación de pruebas que acreditaran la identificación del infractor y la calibración de los equipos utilizados para imponer las sanciones, así como la señalización adecuada en los lugares donde se cometieron las supuestas infracciones. También solicitó el levantamiento de embargos y medidas cautelares que afectaban su situación económica. Las instancias judiciales de primera y segunda instancia negaron la acción de tutela, señalando que no se configuraban circunstancias excepcionales para su procedencia y que el mecanismo constitucional no era idóneo para impugnar decisiones judiciales de la misma naturaleza.

Consideraciones de la Corte Suprema de Justicia

La Sala reiteró su jurisprudencia sobre la procedencia limitada de la tutela contra sentencias judiciales, permitiendo su uso solo en casos excepcionales como la existencia de fraude, ausencia de contradicción o vulneración grave del debido proceso. En este caso, no se evidenció fraude ni otra causal que justificara la intervención mediante tutela. Asimismo, se destacó que el actor había presentado múltiples acciones de tutela con pretensiones similares, lo que configuró una conducta temeraria...