Antecedentes del caso

La acción de tutela fue promovida por la apoderada de un ejecutado en un proceso ejecutivo de alimentos, en el cual se reclamaban cuotas alimentarias insolutas, intereses moratorios, vestuario y gastos escolares. El juzgado libró un mandamiento de pago por un monto total, incluyendo cuotas futuras y sus intereses. El ejecutado solicitó la revisión de los valores alegando pagos realizados y pidió la designación de un abogado de oficio para garantizar su derecho a la defensa. Sin embargo, el juzgado inadmitió la contestación de la demanda presentada directamente por el ejecutado, ordenando que esta fuera subsanada mediante apoderado inscrito. Posteriormente, se negó la designación de abogado de oficio al considerar que debían cumplirse las formalidades legales. Se ordenó continuar con la ejecución y se condenó en costas al demandado. Los recursos interpuestos fueron resueltos desfavorablemente por la autoridad judicial. La apoderada cuestionó la inadmisión de la contestación de la demanda alegando que, al tratarse de un proceso de mínima cuantía, el ejecutado podía actuar en causa propia y que la negativa vulneraba el derecho fundamental al debido proceso.

Decisión de la Corte Suprema

La Sala confirmó la sentencia que declaró improcedente la acción de tutela, señalando que el poder presentado para representar al ejecutado no cumplía con los requisitos legales de especialidad para la acción de tutela, ya que no individualizaba las partes, providencias ni situación fáctica concreta. Además, la Sala recordó que ya se había tramitado y fallado una acción de tutela anterior con el mismo fin, que fue negada por la Sala de Familia del Tribunal Superior. En esa oportunidad se...