Antecedentes del caso

Un grupo de trabajadores inició un proceso ordinario laboral para que se declarara la existencia de contratos laborales que habían terminado en despido colectivo, y se ordenara el reintegro y el pago de salarios dejados de percibir. La primera instancia declaró la ineficacia de los despidos y condenó a la entidad empleadora principal al pago de salarios y prestaciones sociales. Posteriormente, la Sala Laboral del Tribunal Superior modificó la decisión para condenar solidariamente al Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), como entidad beneficiaria directa de los servicios prestados. En el trámite ejecutivo laboral, el Juzgado Veintitrés libró mandamiento de pago contra ambas entidades. Sin embargo, tras la presentación de excepciones por parte del DADEP, el juez declaró probado el medio de excepción de compensación y ordenó continuar la ejecución solo contra la entidad empleadora principal en liquidación. Esta decisión fue confirmada en apelación por la Sala Laboral del Tribunal Superior.

La acción de tutela y su análisis

Los trabajadores presentaron acción de tutela argumentando que los autos que excluyeron al DADEP de la ejecución vulneraban sus derechos fundamentales, especialmente porque las condenas habían sido impuestas en solidaridad. También sostuvieron que la entidad empleadora principal estaba en liquidación y solo el DADEP podía responder por las obligaciones. La Corte Suprema examinó los requisitos de procedencia de la tutela contra decisiones judiciales y concluyó que se cumplían. Sin embargo, al analizar la decisión cuestionada, determinó que no existió ninguna causal específica que justificara la tutela, como defecto procedimental, material o falta de motivación.

Fundamentos de la Corte

La Sala resaltó que la decisión apelada se fundamentó en el marco jurídico vigente y en la realidad probatoria del caso. Se confirmó que el DADEP fue condenado solidariamente solo hasta la fecha en que se liquidó el contrato administrativo que lo vinculaba con la entidad principal. Además, se acreditó que el DADEP efectuó un pago judicial que extinguió su responsabilidad en las obligaciones laborales. El tribunal también señaló que no se modificaron las condenas originales y que la ejecución continuó únicamente contra la entidad empleadora en liquidación, conforme a derecho. Se recordó que el juez constitucional no puede sustituir el criterio del juez natural sin que medien desviaciones claras o arbitrarias, las cuales no se evidenciaron en este caso. Sobre el salvamento de voto presentado por una magistrada en la decisión apelada, la Corte aclaró que las opiniones minoritarias no tienen fuerza vinculante ni generan decisiones judiciales, por lo que no se analizaron sus argumentos.

Conclusión y decisión

En conclusión, la Corte Suprema negó el amparo constitucional solicitado, al no encontrar vulneración de derechos fundamentales ni irregularidades judiciales que lo justificaran. La decisión fue notificada a las partes y el expediente será remitido a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Este fallo reafirma la autonomía e independencia judicial, así como la adecuada aplicación del derecho en procesos laborales complejos relacionados con la solidaridad y obligaciones laborales en casos de liquidación de entidades empleadoras, garantizando el respeto al debido proceso y la seguridad jurídica en las relaciones laborales.

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La Corte Suprema niega tutela contra decisiones judiciales sobre pago de salarios en despidos colectivos

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