Antecedentes del caso

Un ciudadano, en representación propia y de su hijo menor, presentó una acción de tutela alegando vulneración de derechos fundamentales como el acceso a la administración de justicia, igualdad ante la ley y protección de los derechos de los niños. El caso se originó en un proceso judicial de cesación de efectos civiles del matrimonio religioso, que fue admitido por el juzgado de familia competente. Durante el proceso, se presentó una solicitud de amparo de pobreza que fue concedida, pero se suscitaron controversias sobre la correcta suspensión y reanudación de los términos procesales, la asignación adecuada de abogado de oficio y la privacidad de la información contenida en el expediente digital.

Decisiones judiciales y tutela

El tribunal superior de familia tuteló los derechos al debido proceso y a la intimidad, ordenando dejar sin efecto una providencia que no respetó el trámite adecuado del amparo de pobreza y requiriendo la privatización definitiva de documentos con información reservada en el sistema electrónico. No obstante, se negaron solicitudes de nulidad respecto a otras providencias procesales. Posteriormente, el juez de primera instancia informó que cumplió con la orden judicial, asignando defensor público y reanudando el término para contestar la demanda conforme a lo ordenado. Se presentó un incidente de desacato solicitando la reapertura del proceso desde la fecha de radicación del amparo de pobreza y la adecuada asignación de abogado defensor, así como la correcta gestión de la privacidad en el sistema.

Impugnación y análisis de la Corte Suprema

El accionante impugnó la negativa a abrir el incidente de desacato, argumentando incumplimientos en el trámite y violaciones al...