Antecedentes del caso

En un proceso ejecutivo promovido para el cobro de una letra de cambio, la parte demandante sufrió la inasistencia de su apoderada en la audiencia inicial, que fue convocada de forma presencial. El juzgado negó la renuncia del primer abogado representante por falta de certeza en la comunicación con el mandante, y posteriormente reconoció personería a una nueva apoderada. Tras la audiencia fallida por inasistencia, se impuso una multa equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes. La parte demandante interpuso recursos de nulidad y apelación, argumentando falta de notificación formal, imposibilidad de asistencia presencial y violación de precedentes jurisprudenciales que limitan la exigencia de presencia física sin motivación expresa. Al no prosperar estas solicitudes, se presentó una acción de tutela solicitando la nulidad de la audiencia y la revocación de la sanción.

Decisión de la Corte Suprema

La Sala de Casación Laboral evaluó los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y determinó que se cumplían las condiciones formales para su estudio. Sin embargo, encontró que la providencia impugnada no incurrió en defectos orgánicos, procedimentales, fácticos, materiales, ni en desconocimiento de precedentes o violación directa de la Constitución. El tribunal resaltó que el reconocimiento de personería es un acto declarativo y que la representación no fue inexistente durante el proceso, dado que la renuncia del primer apoderado no fue avalada judicialmente y la nueva apoderada fue debidamente acreditada y notificada. Además, la Sala concluyó que las nulidades alegadas no fueron planteadas oportunamente y que la inasistencia a la audiencia no estuvo justificada por fuerza mayor o caso...