Antecedentes del caso

La acción de tutela fue interpuesta por una demandante que buscaba la protección de sus derechos fundamentales, entre ellos el debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia y principio de legalidad. El conflicto se originó en un proceso ordinario laboral promovido contra una Caja de Compensación Familiar y una empresa intermediaria, en el que se reclamaba el reconocimiento de un contrato realidad desde 2007 a 2018, el pago de cesantías, intereses, prima de servicios, vacaciones, seguridad social, prestaciones sociales, indemnizaciones y el reintegro al lugar de trabajo. El juzgado de primera instancia negó las pretensiones. Posteriormente, la Sala Laboral del Tribunal Superior revocó parcialmente la decisión, declarando la existencia de relaciones laborales específicas con la Caja de Compensación y absolviendo a las demandadas de otras pretensiones. Frente a esta sentencia, la parte accionante presentó tutela alegando violación de precedentes y valoración probatoria incorrecta.

Consideraciones jurídicas y decisión

La Corte Suprema recordó que la acción de tutela es un mecanismo excepcional para la protección inmediata de derechos fundamentales, y que esta solo procede cuando no existan otros medios judiciales o cuando la tutela se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En este caso, se verificó que la parte accionante no agotó los recursos ordinarios disponibles, específicamente el recurso extraordinario de casación, lo que constituye un impedimento legal para la procedencia de la tutela. Además, no se acreditó la existencia de un perjuicio grave, inminente o irremediable que justifique la intervención de la tutela. La Corte enfatizó que la acción de tutela no puede usarse para sustituir o reemplazar...