Antecedentes del caso y tutela interpuesta

Un demandante promovió una acción de tutela para proteger sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, seguridad social y acceso a la administración de justicia, tras una providencia emitida por un juzgado laboral que aceptó la cesión de derechos litigiosos derivados de prestaciones sociales e indemnizaciones. Esta cesión fue cuestionada por considerarse ilícita, argumentando que los derechos laborales son irrenunciables e intransferibles según la Constitución Política y el Código Sustantivo del Trabajo. El accionante, además, alegó su condición de persona mayor con estado de salud delicado como fundamento para la protección constitucional.

Decisiones judiciales y recurso de tutela

El juzgado laboral negó la reposición del auto que aceptó la cesión y rechazó el recurso de apelación por improcedente. Posteriormente, la Sala Laboral del Tribunal Superior admitió la tutela y ordenó notificar a las partes involucradas para ejercer su derecho de defensa. Sin embargo, el juez constitucional de primera instancia declaró improcedente la tutela por incumplir el requisito de inmediatez, dado que la providencia cuestionada data de 2011 y la tutela fue presentada en 2024.

Consideraciones de la Corte Suprema de Justicia

La Corte recordó que la acción de tutela busca una protección inmediata de derechos fundamentales y que debe ejercerse dentro de un término razonable desde la vulneración o amenaza del derecho. Este principio de inmediatez es fundamental para garantizar la seguridad jurídica y la cosa juzgada. Aunque existen excepciones para flexibilizar este requisito por razones justificadas como incapacidad o minoría de edad, no se acreditaron motivos válidos que expliquen la demora en este caso. La Corte enfatizó que la...