Contexto y antecedentes del caso

La acción de tutela fue instaurada por una funcionaria que desempeñaba el cargo de notificadora en provisionalidad en un juzgado municipal. La recurrente alegó vulneración de sus derechos fundamentales al trabajo, seguridad social, igualdad, mínimo vital y estabilidad económica y laboral por su condición de madre cabeza de familia y prepensionada. El conflicto surgió tras la remisión, por parte de la autoridad nominadora, de un informe relacionado con la vacante del cargo de citador y la solicitud de agotar la lista de elegibles para el nombramiento definitivo, lo que derivó en la expedición de una resolución que ordenó el nombramiento de otra persona en el cargo, afectando la continuidad laboral de la accionante. La funcionaria interpuso la tutela solicitando la suspensión de los efectos del acto administrativo y la protección de sus derechos hasta tanto se definiera su trámite pensional.

Trámite judicial y argumentación de las partes

El tribunal de primera instancia admitió la tutela pero negó la medida provisional solicitada, argumentando que la accionante no cumplió con el requisito de subsidiariedad, dado que contaba con mecanismos judiciales ordinarios para la defensa efectiva de sus derechos, como la jurisdicción contencioso administrativa para solicitar la nulidad y restablecimiento del derecho frente al acto administrativo cuestionado. La autoridad nominadora y la dirección ejecutiva seccional defendieron la legalidad de sus actuaciones, señalando que actuaron dentro del marco de sus competencias administrativas. Por su parte, la persona nombrada en el cargo impugnado manifestó que la accionante debía hacer uso de los canales judiciales ordinarios para resolver el conflicto.

Decisión de la Corte Suprema y fundamentos

La Sala...