Antecedentes del caso

Un funcionario presentó acción de tutela para proteger su derecho fundamental al debido proceso, argumentando que se vulneró al negarse un mandamiento de pago en un proceso ejecutivo contra una entidad pública local por un monto superior a $57 millones. La controversia se centró en la interpretación y validez de un título ejecutivo complejo conformado por actos administrativos que reconocían una obligación de pago. El juzgado de primera instancia negó el mandamiento de pago, decisión confirmada en apelación por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito ...