Antecedentes del caso

En un proceso iniciado por una demanda de responsabilidad médica contra una entidad de salud por el fallecimiento de una paciente, los tribunales de primera y segunda instancia negaron las pretensiones de los demandantes, declarando probadas excepciones como fuerza mayor, falta de nexo causal y ausencia de elementos para la responsabilidad civil contractual derivada de actos médicos. La parte demandante interpuso acción de tutela alegando vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia.

Argumentos y trámite de la tutela

La acción de tutela fue admitida por la Sala de Casación Civil, que ordenó notificar a las autoridades judiciales involucradas. Sin embargo, el tribunal convocado consideró que no se cumplía con el requisito de inmediatez para la procedencia del amparo. La tutela fue declarada improcedente pues se interpuso más de seis meses después de la notificación de la última decisión judicial, superando el plazo razonable establecido por la jurisprudencia constitucional. Los accionantes argumentaron que la tutela no tendría término de caducidad y que la suspensión de términos por vacancia judicial debería extender el plazo para interponerla. También señalaron que la valoración probatoria en los procesos judiciales fue insuficiente y sesgada en favor de la entidad demandada.

Consideraciones jurídicas

La Sala recordó que la acción de tutela busca la protección inmediata de derechos fundamentales vulnerados y que, aunque no tiene un término de caducidad expresamente señalado, debe interponerse dentro de un lapso razonable desde la notificación de la providencia que se impugna. Este principio de inmediatez es especialmente estricto en casos contra decisiones judiciales, para preservar la estabilidad...