Antecedentes del caso

La accionante promovió inicialmente un proceso ordinario laboral contra una empresa de servicios públicos para obtener el reconocimiento y pago de reajustes y diferencias en su pensión de vejez. La sentencia reconoció su derecho a la reliquidación de la pensión y condenó a la empresa al pago de las diferencias correspondientes. Posteriormente, se inició un proceso ejecutivo para hacer efectiva esta condena, durante el cual la empresa fue intervenida administrativamente por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. La accionante interpuso una acción de tutela alegando la vulneración de sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la dignidad humana, debido a la omisión de la empresa en pagar la reliquidación pensional ordenada en sentencia. Solicitó que se ordenara a la empresa efectuar el pago dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo.

Trámite procesal y decisiones previas

El juez de primera instancia negó la acción de tutela, argumentando que la accionante no demostró haber agotado los medios ordinarios para reclamar el pago ni la existencia de un perjuicio irremediable. La impugnación fue declarada improcedente por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior, que señaló que la accionante disponía de mecanismos adecuados para hacer efectivo su derecho dentro del proceso ordinario y ejecutivo, y que la tutela no debía sustituir esos procedimientos. Durante el trámite, la empresa argumentó que no existía vulneración de derechos, que la accionante debía presentar sus acreencias ante el agente interventor como lo establece la normativa aplicable en procesos de toma de posesión, y que la tutela no era el medio idóneo para resolver controversias derivadas de...