Antecedentes del caso y solicitud de tutela

La acción de tutela fue presentada para proteger derechos fundamentales como el debido proceso, el acceso a la administración de justicia y la seguridad social, tras una controversia sobre el reconocimiento de la sustitución pensional y el auxilio funerario por el fallecimiento de un afiliado. La solicitante convivió durante varios años con el causante, aportando en labores domésticas y cuidado familiar, mientras que el compañero permanente asumía los gastos del hogar. La entidad administrativa reconoció el auxilio funerario, pero dejó en suspenso el derecho a la sustitución pensional dado que otras personas también reclamaban este derecho, generando controversia sobre la convivencia simultánea con el causante. Posteriormente, se presentó una demanda ordinaria laboral para definir la titularidad y porcentaje de la pensión de sobrevivientes, que fue resuelta en primera y segunda instancia con la absolución de la entidad y de las demás partes involucradas. Insatisfecha con estas decisiones, la accionante interpuso acción de tutela solicitando dejar sin efecto las sentencias y ordenar un nuevo pronunciamiento.

Fundamentos para la improcedencia de la tutela

La Corte examinó los requisitos constitucionales para la procedencia de la tutela cuando se impugnan decisiones judiciales. Destacó la necesidad de que la acción se interponga en un término razonable (inmediatez) y luego de haber agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios disponibles (subsidiariedad). En este caso, la tutela fue presentada más de seis meses después de la notificación de la sentencia de segunda instancia, superando el límite razonable establecido por la jurisprudencia. Además, no se acreditaron circunstancias particulares que justificaran la flexibilización de este requisito, como incapacidad...