La acción de tutela fue presentada para cuestionar las decisiones de una juez de circuito y de la Sala Laboral del Tribunal Superior que ordenaron embargos y remates sobre bienes pertenecientes al cónyuge y herederos determinados de una causante en un proceso ejecutivo laboral. El accionante alegó que dichas medidas afectaban sus derechos fundamentales al debido proceso y defensa, pues consideraba que no existían bienes suficientes para la sucesión y que las medidas cautelares recaían indebidamente sobre terceros. El proceso inicial se originó en una demanda ordinaria laboral en la que se reconoció la existencia de un contrato de trabajo y se condenó a una empleadora al pago de prestaciones sociales y otras indemnizaciones. Posteriormente, se inició la ejecución de la sentencia contra los herederos y otros vinculados, con la adopción de medidas cautelares sobre bienes. La tutela se fundamentó en la presunta violación de derechos fundamentales debido a que las autoridades judiciales habrían ordenado embargos sin fundamento, afectando bienes que no correspondían a la sociedad conyugal ni a la causante.

Análisis de la Corte Suprema

En su análisis, la Sala recordó que la acción de tutela es un mecanismo de protección subsidiario y residual, aplicable sólo cuando no existan otros medios judiciales efectivos para proteger los derechos fundamentales. Se destacó que el accionante no agotó los recursos ordinarios disponibles, como la solicitud de adición al recurso de apelación, para controvertir las decisiones cuestionadas. Además, se subrayó que el amparo constitucional no puede ser utilizado para reemplazar el trámite de los procesos judiciales ordinarios ni para revivir oportunidades procesales perdidas. Por ello, y ante la...