Antecedentes del caso

Un particular, en representación propia y de una empresa, interpuso acción de tutela para obtener protección constitucional amparándose en su condición de víctima del conflicto armado y población vulnerable. Solicitó que se le otorgara constancia de recibo de la contestación de una demanda en un proceso judicial. La acción se dirigió contra la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, vinculando además a un juez de pequeñas causas y al tribunal superior que conocían del proceso. Alegó que estas autoridades no respondieron adecuadamente a su petición, por lo que promovió incidentes de desacato y recursos relacionados contra decisiones judiciales que consideraba incumplían órdenes previas. Finalmente, la Sala de Casación Civil negó la procedencia de dichos recursos, lo que motivó la interposición de la acción de tutela para proteger sus derechos constitucionales.

Consideraciones de la Corte Suprema

La Corte recordó que la acción de tutela es un mecanismo excepcional para la protección inmediata de derechos fundamentales frente a acciones u omisiones de autoridades públicas. En particular, contra providencias dictadas en incidentes de desacato, su procedencia es limitada y sólo procede cuando se demuestre una violación del debido proceso, vía de hecho o lesión grave de derechos fundamentales. En este caso, el tribunal examinó si la decisión que negó la apertura del incidente de desacato vulneró garantías procesales o se apartó de lo ordenado en la sentencia inicial. Concluyó que no existió tal irregularidad, ya que la providencia impugnada se ajustó a la normativa aplicable y a la jurisprudencia vigente. Además, se destacó que los recursos de apelación y queja no están previstos...