Contexto del caso y reclamo inicial

Un accionante promovió una acción de tutela para proteger sus derechos fundamentales al debido proceso, derecho de petición y el denominado "mínimo vital" en relación con el derecho a la vida. El reclamo surgió tras un proceso ordinario laboral contra una cooperativa de transportadores, en el que se reconoció la existencia de una relación laboral y se ordenó el pago de prestaciones sociales. Tras la confirmación de esta decisión en segunda instancia, se inició un proceso ejecutivo para el pago de las acreencias laborales reconocidas. En ese marco, la cooperativa consignó los depósitos judiciales correspondientes, pero los demandantes alegaron que la autoridad judicial encargada no había ordenado la entrega de dichos recursos, lo que afectaba su situación económica y condiciones de salud. Por ello, solicitaron a través de tutela la entrega inmediata de los depósitos y la continuación del trámite judicial.

Trámite judicial y respuesta de la autoridad

La autoridad judicial de primer grado ordenó el fraccionamiento del depósito judicial y solicitó a los demandantes aportar certificación bancaria, copia de documento de identidad y correo electrónico para realizar la entrega directa a sus cuentas. Sin embargo, no se allegaron estos documentos en tiempo oportuno. Posteriormente, se autorizó a la apoderada judicial de los demandantes para recibir los depósitos. La Sala Laboral del Tribunal Superior negó inicialmente la tutela, argumentando que la autoridad judicial había realizado las gestiones necesarias y no existía mora judicial injustificada, dado que la audiencia de remate estaba programada.

Consideraciones sobre legitimación y carencia de objeto

La Corte Suprema recordó que la acción de tutela es un mecanismo...