Antecedentes del caso

La acción de tutela fue interpuesta para proteger derechos fundamentales relacionados con el debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad, presuntamente vulnerados en un proceso laboral. La demandante promovió un proceso ordinario laboral contra una sociedad, buscando que se reconociera la existencia de un contrato de trabajo y la condena al pago de acreencias e indemnización moratoria según el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. El juzgado de primera instancia declaró la existencia del contrato laboral y condenó a la sociedad a pagar las acreencias laborales, incluyendo la prima de servicios, cesantías, intereses y la indemnización moratoria. Posteriormente, en el proceso ejecutivo laboral, se libraron órdenes de pago y mandamientos para el cumplimiento de estas obligaciones. La parte demandante apeló en subsidio y solicitó reposición contra la orden de pago, argumentando que no se había ordenado el pago de intereses moratorios hasta la cancelación total de la obligación. La apelación fue concedida pero la tutela fue presentada ante la Corte Suprema por presunta vulneración de derechos fundamentales en el proceso ejecutivo.

Decisión y fundamentos jurídicos

La Sala de Casación Laboral verificó que se cumplieron los requisitos de procedibilidad para la tutela y analizó si existió vulneración de derechos fundamentales en la decisión judicial impugnada. Confirmó que la sentencia de primera instancia reconoció las acreencias laborales y los intereses moratorios causados hasta la fecha en que se realizó el depósito judicial que cubrió la totalidad de la obligación principal. Se aclaró que el depósito judicial realizado por la sociedad y autorizado para pago a favor de la demandante cubrió no...