Antecedentes del caso y medidas adoptadas

El proceso se originó con la solicitud de una medida de protección por violencia intrafamiliar presentada ante la Comisaría de Familia. Inicialmente, se decretó una medida provisional y posteriormente una definitiva, prohibiendo al presunto agresor ejercer violencia o acercarse a la víctima y a un familiar. La persona afectada apeló una decisión judicial que anulaba el trámite, por presunto incumplimiento del procedimiento legal. Posteriormente, se ordenó rehacer el trámite con perspectiva de género y análisis integral, confirmándose finalmente la medida de protección definitiva.

Cuestionamientos y tutela interpuesta

El presunto agresor promovió una acción de tutela alegando vulneraciones a sus derechos al debido proceso e igualdad, principalmente por la falta de notificación a su apoderado legal durante el trámite de tutela anterior, y por supuesta valoración errónea de las pruebas en la decisión que confirmó la medida de protección. Solicitó la anulación del trámite y de la medida, reclamando el derecho a la defensa y contradicción.

Decisión de la Corte Suprema

La Corte examinó la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales en mecanismos constitucionales similares, reconociendo que esta solo es viable en casos excepcionales como fraude procesal o violaciones graves al debido proceso. En este caso, determinó que la notificación al presunto agresor a través de medios electrónicos cumplió con las garantías procesales, y que no existió vulneración que invalidara las actuaciones. Respecto a la medida de protección definitiva, la Sala concluyó que la decisión judicial fue producto de un análisis normativo y fáctico razonable, aplicando correctamente las normas sobre violencia intrafamiliar y perspectiva de género, con adecuada...