Antecedentes del caso

El accionante interpuso inicialmente una acción de tutela contra la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, solicitando la activación de servicios médicos y la realización de un proceso de calificación ante la junta médica para determinar la pérdida de capacidad laboral relacionada con su servicio militar obligatorio. El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Turbo concedió el amparo constitucional, reconociendo la necesidad de la prestación de servicios de salud por parte de la entidad. No obstante, la Sala Laboral del Tribunal Superior revocó esta decisión, declarando improcedente la tutela por no cumplirse el requisito de subsidiariedad, ya que existía un mecanismo idóneo ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Posteriormente, el accionante presentó una nueva tutela contra la decisión del Tribunal Superior, argumentando que la omisión de valoración médica antes del servicio militar implicaba un riesgo significativo y vulneraba sus derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la igualdad. Se alegó además que otros compañeros en condiciones similares sí fueron evaluados y reconocidos con prestaciones económicas.

Consideraciones jurídicas

La Corte Suprema recordó que la acción de tutela es un mecanismo de protección inmediata de derechos fundamentales y que es improcedente cuando se interpone contra otro mecanismo de la misma naturaleza, salvo en casos excepcionales como defectos procesales o cosa juzgada fraudulenta. En este caso, la Sala advirtió que las críticas a la sentencia del Tribunal Superior son de fondo y que no se acreditó vulneración al debido proceso ni los presupuestos excepcionales para admitir la tutela contra una sentencia de tutela. Además, se destacó que el Tribunal Superior remitió el expediente a la Corte Constitucional...