Antecedentes del caso y recorrido judicial

El proceso inició con la imputación por parte de la Fiscalía General de la Nación contra el acusado por delitos relacionados con falsedad ideológica en documento privado, fraude procesal y hurto agravado en grado de tentativa. La sentencia de primera instancia impuso una pena privativa de libertad y multa, además de inhabilitación para ejercer funciones públicas. Posteriormente, en apelación se modificaron aspectos como la declaración de prescripción en uno de los delitos y la reducción de la pena. La Sala de Casación Penal, en revisión posterior, absolvió al procesado del delito de tentativa de hurto agravado, redosificó la pena y confirmó otros aspectos. El procesado promovió acción de tutela ante la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema, argumentando que se vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, presunción de inocencia y favorabilidad, señalando deficiencias en la valoración de la prueba documental y testimonial. La tutela fue inicialmente negada, decisión que fue impugnada para su revisión.

Decisión de la Corte Suprema y análisis jurídico

La Sala de Casación Laboral evaluó los requisitos constitucionales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó que se cumplieron, pero que no se configuró vulneración de derechos fundamentales. En particular, se destacó que la decisión cuestionada realizó una valoración adecuada de los hechos y pruebas, concluyendo que el delito de tentativa de hurto agravado no era procedente debido a la inexistencia del objeto material (dinero en cuenta bancaria), configurándose una tentativa imposible. Sin embargo, se confirmó la condena por fraude procesal, dado que se acreditó que el acusado...