Antecedentes del caso

Un ciudadano condenado a ochenta meses de prisión por el delito de violencia intrafamiliar agravada, junto con inhabilidad para ejercer derechos públicos y prohibición de aproximación a la víctima, promovió una acción de tutela argumentando vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa. En particular, alegó que su defensor técnico renunció a la incorporación de una prueba clave —un video contenido en una memoria USB— sin su autorización, lo cual habría afectado su derecho a una defensa adecuada. La acción fue interpuesta luego de que la Sala Penal del Tribunal Superior confirmó la condena y la Sala de Casación Penal inadmitió el recurso extraordinario de casación por deficiencias técnicas y falta de argumentos suficientes para pronunciamiento de fondo.

Trámite y decisión en primera instancia

La tutela fue radicada ante la Sala de Casación Penal, que remitió el caso a la Sala Civil. Tras subsanar requisitos formales, se admitió la acción, pero se negó la medida provisional solicitada. La Sala de Casación Penal sostuvo que no hubo vulneración de derechos fundamentales ni proceso injusto, y que la no incorporación de la prueba contestada fue una decisión estratégica de la defensa. El juzgado de primera instancia negó la tutela, considerando que el recurso de casación fue inadmitido conforme a derecho y que no se acreditó violación al debido proceso.

Consideraciones de la Corte Suprema

La Corte recordó que la acción de tutela es un mecanismo excepcional y subsidiario, destinado a proteger derechos fundamentales cuando no existen otros medios judiciales eficaces. En este caso, el recurrente tenía a su disposición el recurso extraordinario...