Antecedentes del caso y trámite judicial

Una ciudadana presentó acción de tutela buscando la protección de varios derechos fundamentales, tras haber iniciado un proceso de responsabilidad contra una EPS para obtener indemnización por incapacidad laboral permanente. El proceso judicial, que se inició en un juzgado civil y fue confirmado en segunda instancia, negó las pretensiones de la demanda. La accionante alegó defectos en las decisiones judiciales y solicitó la nulidad de las providencias para que se accediera a su demanda. La Sala de Casación Civil admitió la tutela y ordenó a las autoridades judiciales involucradas ejercer su derecho de defensa. En primera instancia, la tutela fue declarada improcedente por no cumplirse el requisito de inmediatez.

Consideraciones sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte recordó que la acción de tutela es un mecanismo excepcional para la protección inmediata de derechos fundamentales cuando no existen otros medios judiciales efectivos. Para que proceda contra decisiones judiciales, deben cumplirse requisitos como legitimación activa y pasiva, relevancia constitucional, agotamiento de medios ordinarios, identificación clara de hechos y derechos vulnerados, y especialmente la inmediatez. En este caso, aunque se cumplían la mayoría de los requisitos, no se satisfizo el requisito de inmediatez, pues la tutela fue interpuesta más de cuatro años después de la última decisión judicial que puso fin al proceso, superando el plazo razonable que la jurisprudencia ha establecido para evitar la indefinición y preservar la seguridad jurídica.

El principio de inmediatez y su flexibilidad

El tribunal señaló que la acción de tutela debe presentarse dentro de un término razonable desde la vulneración o amenaza...