Antecedentes del caso

La entidad demandada en un proceso de restitución de inmueble arrendado presentó una acción de tutela argumentando la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y defensa. La controversia surgió tras la admisión del trámite por parte del juzgado civil correspondiente y la presentación de recusación contra el juez de conocimiento, fundamentada en la existencia de una queja disciplinaria contra dicho juez presentada por la misma entidad demandada. El juzgado civil negó la recusación, decisión que fue confirmada por el tribunal superior. Frente a estas decisiones, la entidad accionante interpuso acción de tutela buscando la protección inmediata de sus derechos y la anulación de las providencias que negaron la recusación, solicitando además la suspensión provisional de la competencia del juez.

Decisión en primera instancia y recurso de impugnación

La acción de tutela fue admitida inicialmente, pero la tutela fue negada en primera instancia constitucional, al considerar que la decisión cuestionada fue razonable y motivada adecuadamente. La parte accionante impugnó esta decisión, reiterando argumentos sobre la falta de análisis de normas internacionales y el bloque de constitucionalidad, así como supuestas incongruencias en la interpretación contractual y decisiones judiciales sesgadas.

Análisis y pronunciamiento de la Corte Suprema

La Corte Suprema recordó que la acción de tutela contra decisiones judiciales procede únicamente en casos excepcionales y concretos donde se vulneren derechos fundamentales de manera evidente, ponderando principios como la autonomía e independencia judicial. Además, verificó el cumplimiento de los requisitos procesales para la procedencia de la tutela, tales como legitimación, relevancia constitucional, subsidiariedad, inmediatez y la incidencia directa...